Franco golpe en Paraguay

Caracas, 29 Jul. AVN.- El asesinato era el componente que faltaba para que prosperara un juicio político a un presidente paraguayo. En 23 oportunidades intentaron enjuiciar al presidente paraguayo Fernando Lugo desde que llegó a la presidencia, la 24 fue la vencida. Pero para lograrlo, debieron morir de forma violenta 6 policías y 11 campesinos en Curuguaty, departamento Canindeyú, al norte de Paraguay, en tierras que pertenecen al Estado, pero que el ex senador del Partido Colorado Blas N. Ferreira se las atribuye como propias desde la época de la dictadura de Alfredo Stroessner.

A la tesis del enfrentamiento entre policías y campesinos que sectores políticos impusieron mediante medios de comunicación paraguayos se contrapuso la de francotiradores. Sin embargo, ésta última no fue suficientemente difundida, interesadamente, puesto que diputados paraguayos ya habían decidido en el Parlamento acusar por “mal desempeño de funciones” al presidente Lugo.

El juicio político, que habían decidido los parlamentarios y con el que en pocas horas resolvieron destituir al Presidente, sustentaba que Lugo: 1) permitió, supuestamente, una reunión en el Comando de Ingeniería de las Fuerzas Armadas –el delito fue que se mencionara el concepto de “lucha de clases”–; 2) dialogó con líderes campesinos sin tierra que ocuparon tierras de propiedad fiscal en Ñacunday, que son del Estado y están reservadas para la Reforma Agraria, pero que terratenientes dicen tener titularidad sobre esos terrenos –la acusación fue “la falta de respuesta de las fuerzas policiales ante las invasiones de supuestos carperos y sin tierras a bienes del dominio privado”–; 3) la creciente inseguridad; 4) firmar el Protocolo de Montevideo sobre Compromiso de la Democracia en Mercosur (Ushuaia II) en la reunión de Presidentas y Presidentes de Mercosur, en diciembre de 2011; y finalmente, 5) la masacre de Curuguaty.

Los diputados y senadores paraguayos no presentaron ninguna prueba, ni solicitaron que se investiguen los casos presentados porque según el ordenamiento jurídico vigente, planteado en el libelo acusatorio, estos hechos no necesitan ser probados porque “son de pública notoriedad”. Para los parlamentarios la “pública notoriedad” está sustentada en las acusaciones que emita la prensa nacional e internacional, en este caso hacia el Presidente de la República. Después de esto, el juicio político de los parlamentarios pasa a ser no más que un mero trámite.

En 24 horas la clase política tradicional, colorados y liberales, entre otros partidos políticos de derecha, decidieron defenestrar al Presidente porque la Constitución les concede esa potestad. Los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y su secretario general Alí Rodríguez Araque dejaron la reunión de Río +20 para interceder políticamente ante el inminente golpe de Estado que se estaba preparando.

El canciller argentino Héctor Timerman, en entrevista con el periodista Martín Granovsky de Página 12, hizo un recuento de la conversación con el vicepresidente Federico Franco: “–Le dije: ‘Mire, no queda mucho tiempo. ¿Usted cree que es justo lo que están haciendo? ¿Piensa que el mundo va a reconocer la destitución de esta manera como un procedimiento correcto?’. Recuerdo su contestación: ‘En Paraguay un vicepresidente tiene tres tareas: presenciar la reunión de gabinete, actuar como nexo con el Congreso y asumir en caso de enfermedad, muerte y destitución del presidente. Voy a cumplir con la Constitución paraguaya’. Le pregunté si dos horas para preparar una defensa le parecía un tiempo suficiente. Me dijo: ‘Solo Dios sabe el tiempo que le di”.

 “Es que es mi obligación asumir”, le reiteró Franco a Timerman cuando éste le solicitó que acompañara a los cancilleres al Congreso y que dijera delante de ellos que Lugo “no había tenido tiempo de preparar la defensa y que, por lo tanto, él no asumiría la presidencia en caso de destitución”.

La confianza en Franco

Cuando se conoció que el presidente Lugo tenía cáncer linfático, el vicepresidente Franco estaba en Colombia, representando al Gobierno en la toma de posesión presidencial de Juan Manuel Santos, y su primera declaración fue que Lugo “puede confiar en él para manejar al país”.

Cinco meses antes Franco se había reunido con la entonces embajadora de Estados Unidos (EEUU) en Paraguay, Liliana Ayalde, en donde le expresó "la pésima gestión administrativa del presidente Lugo que lo hace merecedor de un urgente e innegociable juicio político". Esta conversación se hizo pública a través de una carta del entonces ministro de Defensa, Luis Bareiro Spaini, que envió a la representante diplomática que, entre 2005 y 2008, fue directora de la Usaid en Colombia.

Tenían que acordar más de dos tercios de los diputados y senadores de los partidos tradicionales para que el plan del juicio político fuera viable, según la Constitución aprobada en 1992, tres años después de la caída del dictador Alfredo Stroessner. Pero contra Lugo estaba de acuerdo toda la cámara de diputados (a excepción de una diputada: Aída Robles, del Movimiento Popular Tekoyoya [MPT]), que en tan sólo 5 horas decidió llevar a juicio político al Presidente de la República. El Senado, constituido en tribunal, permitió dos horas para la defensa y al senador Sixto Pererira (MPT) no le permitieron hacer uso del derecho de palabra. Para los senadores era imperioso que se decidiera la destitución en los tiempos establecidos.

“Darle dos horas de defensa a un presidente democráticamente electo es un tiempo menor al que tiene quien pasó un semáforo en rojo”, dijo el canciller argentino Timerman.

El politólogo paraguayo Diego Abente Brun, profesor vitalicio de Ciencia Política en Miami Univesity, considera que el Poder Ejecutivo está “sujeto a un Congreso con poderes exagerados” porque puede levantar un veto presidencial por simple mayoría de ambas cámaras; modificar leyes irrestrictamente: “alterar una ley permanente a través de una temporal, como la ley de presupuesto anual o una ley de ampliación presupuestaria”; e impulsar un juicio político al Presidente sobre la base de “mal desempeño de sus funciones”.

En nombre de la Constitución

Desde que Stroessner pasó a vivir el exilio en Brasil, en 1989, Paraguay ha tenido 6 presidentes elegidos electoralmente y sólo 4 han culminado su mandato. Raúl Cubas Grau del Partido Colorado, fue elegido en 1998 y duró 7 meses en la presidencia. El 15 de agosto asume el mandato constitucional. Tres días después indulta a Lino Oviedo, preso por intento de golpe de Estado contra el presidente Juan Carlos Wasmosy a finales de abril de 1996. Al cuarto día, sectores del partido Colorado aliados con el vicepresidente Luis María Argaña, junto con los liberales (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) y del Encuentro Nacional, toman la iniciativa de solicitar un juicio político al presidente Cubas Grau.

El Congreso solicita la intervención de la Corte Suprema de Justicia sobre la libertad de Oviedo y el 2 de diciembre de 1998 declara inconstitucional el decreto de Cubas, quien no admite el fallo. Oviedo amenazó con “enterrar” a los jueces que votaron en su contra. Siete meses después, el 16 de marzo de 1999, la Cámara de Diputados puso como fecha para el juicio el 7 de abril. Pero el 23 de marzo, el vicepresidente Argaña es asesinado. Los diputados llaman a una sesión extraordinaria para adelantar el juicio, que contó con el tercio necesario para su aprobación. Desde ese día hasta el 26 de marzo la ciudadanía se concentra en las plazas de Asunción en repudio a la crisis suscitada y es agredida por adherentes de Oviedo que estaban armados con palos y objetos contundentes. El 26 de marzo, francotiradores asesinan a 7 jóvenes que manifestaban en la plaza frente a la Catedral de Asunción. Al día siguiente Cubas Grau renuncia y lo reemplaza el presidente del Congreso Luis A. González Macchi, del partido Colorado. No llama a elecciones y termina el mandato, como “lo establece la Constitución”.

El 1 de diciembre de 1991 resultaron electos 122 militantes del Partido Colorado para redactar la Constitución de 1992. La Asamblea Constituyente estaba conformada por 198 asambleístas y con tan sólo el 55.1% de los votos, los Colorados –partido político que respaldó a Stroessner durante los 35 años que se mantuvo como dictador– lograron la mayoría absoluta. El PLRA obtuvo 55 escaños; Constitución Para Todos, 19; mientras que los partidos Revolucionario Febrerista y Demócrata Cristiano, 1.

El resultado de esa Asamblea fue el otorgamiento de unos poderes exagerados al Parlamento. En 2004, el doctor en Ciencias Jurídicas Daniel Mendonca, en su libro La máquina de gobernar , expresa que “tal como como está concebido en la Constitución, se hace posible un uso excesivo” del juicio político y que “las razones por las que se acepta una solicitud (…) son tan genéricas (especialmente la referida al mal desempeño en sus funciones, según la previsión del artículo) que prácticamente justifica cualquier solicitud que se presente”.

“La única persona que está autorizada a reemplazar inmediatamente y sin más trámites al Presidente de la República es el Vicepresidente de la República. El proceso del honorable Congreso Nacional de un juicio político se hizo de una manera, yo reconozco, un poquito rápida, tal es que a ustedes, a mí y a todo el pueblo paraguayo, nos sorprendió”, fueron las primeras declaraciones de Franco a la prensa, después de haber saludado sonriente a sus correligionarios con palmas alzadas y abrazos, como si hubiera metido un gol o ganado las elecciones.

La confesión de los golpistas

Los políticos tradicionales de Paraguay que habían fraguado el juicio político contra Lugo sabían que no contaban con el respaldo de los países de Unasur y Mercosur. Los cancilleres de estos países, que estaban reunidos en Brasil, dejaron la cumbre de Rio +20, para tratar de frenar lo que era inminente, el golpe de Estado. Sin embargo, poco le importó a los senadores, diputados y Vicepresidente las consecuencias con las que acarrearía el país por ellos quebrar el orden democrático.

Desde que el Presidente paraguayo firmó el Protocolo de Ushuaia II en Montevideo, diciembre de 2011, al igual que sus pares de Argentina, Brasil y Uruguay –más los asociados del bloque: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela–, en Paraguay se desató una campaña en contra de este Protocolo con el argumento de que se pretendía hacer una nueva Triple Alianza contra el país porque “en caso de ruptura o amenaza de ruptura del orden democrático” en alguno de los países firmantes, podrán “cerrar de forma total o parcial las fronteras terrestres. Suspender o limitar el comercio, tráfico aéreo y marítimo, las comunicaciones y la provisión de energía, servicios y suministros”. Como dicen los abogados: “A confesión de partes, relevo de pruebas.”

Sin embargo, en Mendoza, Argentina, los presidentes de Mercosur deciden suspender a Paraguay de acuerdo con el Protocolo de Ushuaia I, que se firmó en 1998. Para esta decisión se tuvo en cuenta la inestabilidad política que vive Paraguay así como la amenaza de interrupción del proceso democrático, como ocurrió en 1996, cuando el general Lino Oviedo intentó derrocar al presidente Juan Carlos Wasmosy mediante un alzamiento militar.

Mercosur se creó en 1991, con la firma del Tratado de Asunción. Corrían los años en que se imponía la hegemonía neoliberal, por lo que no es casual el nombre de la integración regional, Mercado Común del Sur, y sectores del partido Colorado, liderado por Argaña, se oponían a la firma del Tratado.

Actualmente, Paraguay realiza el 51 por ciento de sus exportaciones hacia a los países de Mercosur. En una investigación para el Observatorio de Economía Internacional del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (Cadep), Francisco Ruiz Díaz en su trabajo “El dilema de Tarzán” sostiene que con Mercosur es mayor la capacidad de Paraguay para hacer acuerdos comerciales con terceros, que realizarlo unilateralmente, debido a su “bajo desarrollo económico”.

Sobre la consideración de paliar asimetrías económicas, una de las medidas que tomó el bloque en 2005 fue la creación del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem), en donde Paraguay debe aportar un millón de dólares anualmente y en contrapartida recibe transferencias de recursos no reembolsables por valor de 48 millones de dólares.

Sin embargo, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya, Eduardo Felippo, no considera que hubo ruptura democrática y que la suspensión de su país del Mercosur los obliga a negociar fuera de Mercosur. A la salida de la reunión con Franco, dos semanas después de fraguado el golpe parlamentario, dijo que “Paraguay es el productor de soja y carne más importante del mundo. Está dentro de los primeros 10 puestos en general. Y todo el mundo necesita eso.”

La tierra y el agronegocio

Los campesinos sin tierra que reclaman que la Reforma Agraria se haga efectiva han sido catalogados como “carperos”. Desde la dictadura de Stroessner, los campesinos han sido reprimidos y masacrados, como fue la matanza del 8 de marzo de 1980, en Caaguazú, donde aún hoy se desconoce el paradero de los 10 cadáveres que fueron enterrados en fosas comunes. Los asesinos siguen impunes.

Lugo, en su última alocución a la Nación como Presidente, dijo que éste era un golpe de la mafia. La justicia paraguaya está copada por partidarios de los grupos políticos tradicionales que han sido beneficiados con tierras, algunas de ellas entregadas por Stroessner, y a pesar de haberse apropiado tierras del Estado el Poder Judicial siempre ha resuelto a favor de los terratenientes, como es el caso de los Curuguaty.

“Cuando comenzamos en el gobierno, en 2008, queríamos hacer una genuina reforma agraria para tener un catastro de la tenencia de la tierra”, confesó Lugo después de haber sido destituido. “Paraguay tiene 406.752 km2 y sumando todos los títulos hay 529.000 km2. Es decir, hay terrenos que tienen dos, tres y cuatro títulos. Eso se tiene que sanear, pero eso no es fácil porque depende de la judicialización, del Poder Judicial, y no del Poder Ejecutivo”. 

Sin embargo, la regularización de las tierras no es el único escollo con que se encontró Lugo al llegar a la presidencia. Dos días antes de que los diputados aprobaran el libelo acusatorio contra el Presidente por “mal desempeño” en sus funciones, el Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave) rechazó la inscripción de la semilla de algodón DP404BG, comercializada por la empresa transnacional Monsanto como algodón Bollgard. Franco coloca entonces a Jaime Ayala, un empresario del agronegocio, accionista y presidente de Pacific Agrosciences, empresa que se instaló en el país con una inversión de 3 millones de dólares, para dirigir Senave y entre las primeras medidas que éste toma, además de despedir a más de 200 empleados, fue aprobar la semilla antes rechazada por no cumplir con los requisitos requeridos por el Servicio.

El periodista Idilio Méndez Grimaldi reveló, mientras se llevaba a cabo el golpe parlamentario, que “Monsanto facturó el año pasado 30 millones de dólares, libre de impuestos (porque no declara esta parte de su renta), solamente en concepto de royalties por el uso de semillas transgénicas de soja en Paraguay”.

En el artículo “Monsanto golpea en Paraguay”, difundido por medios digitales, sostiene que toda la soja cultivada en ese país es transgénica y abarca una “extensión cercana a los 3 millones de hectáreas, con una producción en torno a los 7 millones de toneladas en 2010”.

Martín Almada, activista paraguayo defensor de derechos humanos, señaló que la supuesta legalidad constitucional fue refrendada por “diputados y senadores que integran el parlamento más corrupto”. El golpe de Estado “huele a dólar”, sospecha Almada, y le causa suspicacia que una orquesta sinfónica ofreciera un concierto a Franco apenas asumió el mandato de los parlamentarios. “Todo estaba preparado”, dice Almada.

Aliados a los partidos Colorado y Liberal Radical Auténtico, entre otros de similar tendencia ideológica en este golpe de Estado, están también la cúpula de la Iglesia y los sectores empresariales y transnacionales del agronegocio que se niegan a pagar impuestos y que pretendían realizar un “tractorazo” (huelga empresarial interrumpiendo las vías terrestres), pero fue suspendida una vez que Franco pasó a ser Presidente.

Desde que Lugo asumió la presidencia, todos estos sectores no cesaron en la idea de defenestrarlo. En septiembre de 2008, cuando apenas tenía 15 días como Presidente constitucional, denunció la conspiración de un golpe de Estado en su contra por parte de Lino Oviedo. En el golpe de 2012, este General aparece en el Congreso sentado al lado del senador y presidente del PLRA, Blas Llano, en la juramentación de Franco como Presidente y se ufana de ser el primero en saludar y felicitarlo por su flamante cargo. “Dios los cría y ellos se juntan”, es el refrán popular que sirve de colofón.

29/07/2012 - 10:08 am
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