La Operación Daktari reveló el magnicidio como plan permanente de la ultraderecha

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Caracas, 08 May. AVN.- Este sábado se cumplen 11 años de aquella madrugada en la que un fatídico plan fue descubierto: la Operación Daktari, en la que actuarían un grupo de 153 paramilitares, algunos pertenecientes a la reserva militar colombiana y a grupos de Autodefensa, que tenían un objetivo claro: asesinar al Presidente Hugo Chávez.

El plan, que debían cumplir al cualquier costo, se venía orquestando desde 2003. Fue delatado en noviembre de ese año por uno de los hombres que participó en las reuniones de logística, quien tras ser detenido e interrogado advirtió que el fin único era el magnicidio, no valía conformarse con un derrocamiento. Ante ello Dirección General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip, ahora Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) activó la minuciosa investigación.

Las reuniones para la operación se intensificaron en marzo y abril de 2004, recordó Miguel Rodríguez Torres, quien entonces era director de la Disip, en una entrevista concedida al escritor venezolano Luis Britto García y al filósofo y analista político, Miguel Ángel Pérez Pirela, y publicada en el libro Invasión Paramilitar, Operación Daktari.

El encuentro cumbre, recordó Rodríguez Torres, se realizó en la urbanización de clase alta Country Club, en Caracas, el viernes 23 de abril, al que asistieron ex oficiales de la Fuerza Aérea y oficiales de la Guardia Nacional. La decisión estaba tomada: un bombardeo, cuyo blanco sería el lugar donde se realizaría el domingo próximo, 25 de abril, en Maracaibo, estado Zulia, en la locación donde se transmitiría el programa Aló, Presidente.

Las acciones posteriores al bombardeo del lugar donde estaría el Presidente Chávez contemplaba la toma por parte de los paramilitares de las instalaciones del Palacio de Miraflores, en Caracas, y la ejecución de acciones violentas contra unidades militares en la capital venezolana, de acuerdo con la información dada a conocer por un informante.

"Nos cuenta el mismo funcionario (que estuvo infiltrado en la reunión) que un oficial de los presentes preguntó al oficial de la Aviación que estaba allí —e insistió mucho en eso— que por qué bombardear el Aló, Presidente si iba a morir un poco de gente que era inocente. El piloto le respondió que 'en la guerra y en la aviación esos son llamados daños colaterales, que mueran los que tengan que morir, pero el objetivo era matar a Chávez'", rememoró Rodríguez Torres. El Presidente Chávez fue alertado y la transmisión de ese domingo fue suspendida.

La razón del uso de paramilitares colombianos para tales fines tenía una razón de ser "no eran venezolanos, y segundo, esos no iban a mirar para atrás para disparar, no iban a tener ningún remordimiento de conciencia y a ellos lo que les interesaba era cobrar, así que era más eficiente usarlos que usar tropas venezolanas que iban a tener problemas de conciencia, que no iban a querer atacar a sus compañeros", recordó al referirse al testimonio de una de las personas presentes en la reunión.

Complicidad policial

En vista de haber sido desarticulada la operación inicial, los encuentros y reuniones se hicieron mas intensos durante la semana siguiente, entre los municipios El Hatillo y Baruta del estado Miranda, y contaron con la protección de la Policía de Baruta (cuyo alcalde era Henrique Capriles Radonski), así como de la Policía Metropolitana (dirigida por el entonces alcalde mayor y ahora prófugo de la justicia venezolana, Alfredo Peña) y de la Policía de El Hatillo.

"Cuando ellos percibían la vigilancia y el seguimiento, se comunicaban con algunas de las policías por los medios que tenían, y esos policías interceptaban a los funcionarios que estaban en la operación de inteligencia, mientras los vigilados se evadían. Esas dificultades no nos permitían llegar al lugar", mencionó el entonces director de la Disip

Para evadir estar prácticas, los cuerpos de inteligencia del Estado colocaron una carpa de Protección Civil a dos kilómetros de la finca Daktari, que luego se conoció que era propiedad del reaccionario anticastrista radicado en Miami, Robert Alonso, hermano de la actriz María Conchita Alonso, activista de la derecha mayamera. Posteriormente, con equipos de intercepción telefónica se logró ubicar el sitio.

Operación frustrada

Los paramilitares tenían previsto concretar el atentado el 12 de mayo: un grupo élite asesinaría a Chávez durante una cena con representantes de la banca en La Casona (residencia presidencial), otros irregulares asaltarían el Palacio de Miraflores y un conjunto irrumpiría en los depósitos de armas ubicados en el Comando Regional Nº 5 de la Guardia Nacional y la base aérea de La Carlota. Un oficial de la aviación secuestraría una aeronave para bombardear la sede de gobierno.

La operación fue frustrada la madrugada del 9 de mayo ese. La actuación de las autoridades venezolanas permitió la detención de los terroristas, entre los cuales se encontraban al menos tres líderes implicados en numerosos asesinatos en zonas campesinas de Colombia, expertos en "corte de corbata", una incisión que se hace en la garganta para desangrar a la víctima. Su prontuario de atrocidades también incluía mutilaciones y castraciones.

Conspiración de derecha

Los nombres de políticos de la derecha venezolana implicados en la operación paramilitar eran conocidos. Entre los “cabecillas” estaba el empresario Pedro Carmona Estanga, golpista que usurpó el poder en Miraflores durante el breve golpe de Estado contra Chávez, perpetrado en abril de 2002.

Un correo electrónico enviado por una de las autoras intelectuales del plan de magnicidio, María Luisa Chiossone, involucraba directamente a Carmona en el atentado.

Una intercepción a la cuenta de correo de Chiossone por parte de la inteligencia venezolana develó que la ex directora ejecutiva del Bloque de Prensa se enviaba mensajes con el empresario golpista. Ella se identificaba como “Yuyita” y a Carmona lo apodaba “el Don”.

Entre los acusados de financiar a esos grupos estaba el ex secretario general de Acción Democrática (AD), Rafael Marín, quien también había participado en el golpe de Estado contra Chávez y en ese entonces presidía la asociación civil “Ciudadano Común”. Otro de los nombres estampados con la mácula conspiradora fue el del empresario Gustavo Zingg Machado, señalado por brindarles recursos a los paramilitares y haber participado en las reuniones en las que se planificaba el atentado.

El apoyo a la dictadura de Carmona fue uno de los denominadores comunes entre los implicados en el caso Daktari. Ovidio Poggioli, participante del Carmonazo, la entonces diputada de Primero Justicia (PJ) Liliana Hernández y el militar golpista Jael Contreras Rangel, fueron algunas de las personas vinculadas al magnicidio identificadas por las autoridades venezolanas como resultado de las investigaciones y confesiones posteriores de los paramilitares.

Uribe al tanto

Además de políticos venezolanos, el gobierno del ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe, también estaba al tanto de esa operación irregular. Las declaraciones del ex director de informática del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Rafael García, así lo confirmaron.

García, procesado por sus nexos con el paramilitarismo, aseguró que miembros del gobierno de Uribe se mantenían en contacto con políticos venezolanos para planificar el magnicidio, que se realizaría con la colaboración de grupos irregulares infiltrados al país por el ex director del DAS, Jorge Noguera, quien posteriormente fue condenado a 25 años de prisión por vínculos con las Autodefensas de Colombia.

Según García, el agente que utilizó Noguera para infiltrar a los paramilitares en Venezuela fue el ex director del DAS en Cúcuta, Jorge Díaz, quien estableció contacto con Alonso, dueño de la finca Daktari, organizador del “Plan Guarimba” e integrante de la coalición de derecha denominada “Coordinadora Democrática”.

Aunque en principio el gobierno de Uribe afirmó que ninguno de los detenidos tenían antecedentes penales, la versión fue rebatida por el entonces presidente del Congreso, Gustavo Petro, quien alertó que uno de los paramilitares, llamado José Feliciano Yépez, estaba identificado en Colombia con grupos terroristas y señalado por participar en la masacre de Colosó, en el departamento neogranadino de Sucre.

Después de esa revelación fue que Nariño informó que 28 de los capturados en la finca Daktari habían prestado servicio militar en Colombia. El silencio de Bogotá sobre el caso en esa oportunidad enturbió las relaciones con Caracas.

08/05/2015 - 10:37 pm