Paquete neoliberal de CAP fue una estrategia premeditada para ceder la soberanía

Caracas, 16 Feb. AVN.- Hace 23 años, el 16 de febrero de 1989, el flamante Presidente de la República para aquel entonces, Carlos Andrés Pérez (CAP), anunció el programa macroeconómico basado en políticas neoliberales conocido como "el paquete económico", cuyas consecuencias no tardaron mucho en hacerse sentir en la población.

El estallido social ocurrido en Venezuela el 27 de febrero de 1989, conocido como "El Caracazo", fue una respuesta popular ante la puesta en marcha de las medidas anunciadas, las cuales, recomendadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI), produjeron una elevación abrupta en los precios del transporte y los alimentos, con la excepción de 18 renglones de la cesta básica.

"La gasolina duplicó su costo en un día, y la mayoría de los restantes insumos duplicó y triplicó su precio en igual lapso. El gobierno liberó las tasas de interés, con el resultado de que éstas rondaron la magnitud usuraria del 100% anual. Para represar la liquidez monetaria, el Estado puso a disposición de los bancos los llamados Bonos Cero Cupón, que les pagaban estas tasas estrafalarias a costa del Fisco", recordó el abogado e historiador Luis Britto García.

Y así fue, al día siguiente del anuncio, el Banco Central de Venezuela (BCV) liberó las tasas de interés y fijó "las modalidades con que se financiarían las cartas de créditos del sector privado y anunció que en dos o tres meses comenzarían a recibirse los fondos de un crédito del FMI por 1.500 millones de dólares", reseña la compilación "Cronología de una implosión: la década final de la IV República".

Britto García describió el paquete económico como una estrategia de cesión de la soberanía largamente planificada, que condujo posteriormente al país a una crisis estructural, en la que la mayoría de la población se encontraba en niveles de pobreza extrema, excluida del aparato productivo y de los beneficios sociales que debía garantizar el Estado.

"Muchos dicen que Pérez se vio forzado a suscribir el paquete neoliberal sorprendido ante la ínfima cuantía de los recursos que encontró en caja, (eso) es mentira. En su programa de gobierno para una Venezuela Moderna, ya anunciaba todas las medidas, aunque con un lenguaje intencionalmente confuso y lleno de eufemismos. Por ejemplo, llamó al alza de intereses 'adjudicarle su verdadero precio al dinero", subrayó el intelectual venezolano.

El paquete abarcaba aspectos de orden cambiario, financiero y fiscal, así como el sometimiento a las condiciones impuestas por el FMI, organismo que prestaría 4.500 millones de dólares en tres años, bajo la condición de liberar las tasas de interés financiero en el sistema hasta 30%.

Britto García explicó que durante la administración de CAP, los bancos dejaron de lado su función de intermediación y se dedicaron a sobrevivir a costa de subsidios especulativos, y a jugar en las mesas de dinero, por lo que para la ciudadanía se volvió incosteable recurrir a los créditos que ofrecían.

Este panorama económico ocasionó que los niveles de inflación se incrementaran hasta alcanzar un 81% en 1989 –de acuerdo con cifras del BCV–, y disminuyera la capacidad adquisitiva de la población.

"Cayó abruptamente el consumo e infinidad de comercios empezaron a quebrar por falta de clientes. Todo esto se tradujo en una dramática baja del nivel de vida de la mayoría de los venezolanos", indicó.

Añadió Britto García que las finanzas públicas se dedicaron fundamentalmente al pago de la deuda pública, lo que demandaba el 45% del Presupuesto Nacional, que bajo la aplicación de un sistema neoliberal implicó la drástica reducción del gasto social en educación, salud y seguridad social.

Para costear esta situación, el Estado dio inicio a una política de privatizaciones, que incluyó las industrias del hierro y del aluminio, además de la telefónica y la eléctrica, mientras que en caso de la petrolera se adelantaba un plan para lograr este fin. "La mayoría de las empresas de propiedad pública fueron vendidas a precio de gallina flaca y a veces literalmente regaladas", acotó el historiador.

Reacción popular

El hecho de que Pérez retirara los subsidios a la mayoría de los bienes de primera necesidad y permitiera el alza indiscriminada de alimentos, productos de consumo básico, alquileres y tasas de interés, sin adoptar ninguna medida de incremento de salarios o de beneficios sociales, desencadenó los levantamientos populares del 27 y 28 de febrero de 1989.

"Los que incendiaron las busetas en Guarenas, hecho con el cual arrancó la protesta nacional, lo hicieron porque descubrieron que los pasajes de ida y vuelta a su trabajo costaban más de lo que iban a ganar", relata Britto García.

Estos hechos que recibieron el nombre de "El Caracazo" y que luego se difundieron a los estados Vargas, Mérida y otras localidades del país, originaron una serie de saqueos y protestas, que al no contar con una dirigencia, ni planes y objetivos precisos "fueron reducidos en una semana mediante la más sangrienta represión".

Las cifras oficiales indican que las pérdidas humanas tras los hechos del 27 y 28 de febrero de 1989, fueron de 300 fallecidos, pero los reportes extraoficiales señalan que hubo cerca de mil muertos. 

Al respecto, el presidente del Instituto de Estudios Avanzados (IDEA), Miguel Ángel Contreras, planteó que el estallido social de febrero de 1989 constituyó una clara respuesta a la serie de medidas económicas que respaldaban los intereses de las grandes transnacionales, en detrimento las necesidades de la población.

"Allí comienza a generarse una fractura en el país, que prosiguió durante 1990 y 1991, hasta llegar a la rebelión militar del 4 de febrero de 1992, que constituyó una respuesta a las masas que protestaban en las calles", expresó.

El analista y sociólogo destacó que este hecho histórico significó un punto de quiebre a las formas de regulación social, político y económica que se habían implementado en Venezuela durante casi 40 años.

"El principio de esperanza que significó el 'por ahora' que pronunció el Comandante Hugo Chávez el 4 de febrero, implicó la rearticulación de la fuerzas populares, que se fueron consolidando hasta lograr la victoria de los comicios del 6 de diciembre de 1998", señaló.

Ruptura de las cadenas del FMI y el Banco Mundial

Contreras destacó que uno de los principales esfuerzos del proceso revolucionario se centró en cancelar la deuda contraída por Venezuela durante la gestión de Carlos Andrés Perez y Rafael Caldera con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que para 1998 se situaba en 3 mil millones de dólares.

En mayo de 2007 el presidente Hugo Chávez señaló que gracias a esta acción "Venezuela rompió las cadenas de estos mecanismos de dominación del imperio. La deuda que existía en el año 1998 con el FIM y el BM es de cero para 2007, no les debemos nada, con lo que hemos culminado con esos pasivos externo"'.

Al respecto, el presidente del IDEA señaló que el pago de la deuda hizo posible que el Estado pudiera "impulsar el crecimiento de la economía e invertir y darle mayor oportunidad a los sectores de menos recursos, en relación al estudio, fuentes dignas de trabajo y la implementación de programas para hacer frente los problemas de salud y pobreza".

Destacó que las "recetas impuestas por el Fondo Monetario Internacional" a los países que requieren de "apoyo financiero", repercuten en el recorte del gasto social, la ejecución de despidos masivos en el sector público, privatizaciones de empresas estatales y aumentos en los impuestos.

Explicó que el gobierno de Grecia, ante la crisis económica que atraviesa desde hace 2 años, ha tenido que aprobar una serie de leyes y ajustes para poder acceder al financiamiento de la institución internacional, lo que se ha traducido en la aplicación de aumentos en los impuestos, límites de gastos y privatizaciones.

"Estas medidas han hecho que la nación entre en una turbulencia social, donde son frecuentes las manifestaciones y los enfrentamiento de los ciudadanos con las autoridades", dijo.

De acuerdo a las cifras de la Oficina Estadística de Grecia (Elstat), la economía del país heleno retrocedió 6,8% en el 2011 debido a las políticas de austeridad.

El informe plantea que uno de cada cinco ciudadanos griegos vive por debajo del umbral de la pobreza. En total son más de 2,2 de los 11 millones de habitantes del país los que se encuentran en esta situación.

El umbral de la pobreza en el la nación europea está fijado en unos 15.000 euros (19,5 mil dólares) anuales para una familia de cuatro miembros y el 27,7% de los afectados tienen incluso dificultades para alimentarse correctamente, señala el documento.

Leonardo Buitrago AVN 16/02/2012 10:44
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