El viejo Consejo Supremo Electoral se bandeaba entre la exclusión y el fraude

Caracas, 22 Ago. AVN.- Con la entrada en vigencia en 1997 de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, el otrora Consejo Supremo Electoral (CSE), creado en 1936, pasó a llamarse Consejo Nacional Electoral (CNE). Para el historiador Germán Yépez, aquel Consejo Supremo era influenciado por otros poderes y tenía prácticas excluyentes y fraudulentas.

“Era un organismo que no gozaba de total autonomía. Devengaba un presupuesto pero, de alguna manera, el Poder Ejecutivo y el Parlamento ejercían un control sobre la conformación del Consejo Supremo Electoral y sobre su funcionamiento”, advierte Yépez, quien además fue rector suplente del actual CNE entre 2003 y 2006, y rector principal entre 2006 y 2009.

Para 1989, los partidos políticos contaban con cinco representantes (de los nueve miembros directivos) cuya proporción correspondía con los resultados de las votaciones. Aquellos partidos minoritarios “que obtenían alguna votación circunstancial como URD, Opina, Convergencia o el MAS, incluso el MIR, llegaron a tener algún representante pero la mayoría siempre estuvo en manos, desde 1958 para acá, de Acción Democrática y Copei, y eran ellos quienes, a su vez, acordaban quién iba a presidir el CSE”, explica Yépez.

La ley de 1997 estableció que ningún partido político puede tener representación formal en la estructura y funcionamiento del máximo órgano electoral, mientras que la Constitución de 1999 instituyó al Poder Electoral como una de las cinco ramas autónomas e independiente del Poder Público, y al CNE como su órgano rector principal.

Asimismo, tres años después, la Ley Orgánica del Poder Electoral dispuso que el CNE estaría integrado por cinco miembros, con dos suplentes cada uno, designados por la Asamblea Nacional con el respaldo de dos tercios del parlamento. Tres de los aspirantes son postulados por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de las universidades nacionales, nueve por el Poder Ciudadano, y tres por organizaciones civiles.

El Consejo perverso

El historiador Yépez enumera varios mecanismos “perversos” empleados por el CSE durante su existencia. Uno de ellos es la inhibición del derecho al voto por medio del único documento necesario para votar y, a su vez, primer limitante: la cédula de identidad,

“En Venezuela obtener una cédula de identidad laminada era una gran travesía, un esfuerzo muy alto, en Caracas y en el interior del país. Había que estar desde las 3:00 de la mañana en el sitio donde se emitían las cédulas, y nunca se emitían cédulas laminadas sino comprobantes”, comenta Yépez.

Aquellos comprobantes otorgados, con los cuales los ciudadanos perduraban hasta tres años, no eran válidos para votar, por lo que se inhibía indirectamente el voto.

En este sentido, el ex rector del CNE resalta el trabajo que ha realizado el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) para facilitar los procesos de cedulación. Sólo en 2012, el Saime ha entregado más de dos millones de cédulas, mientras que la mayor cifra antes de 1998 fue 950.000, ha informado el director de dicho organismo, Dante Rivas.

Exclusión social

Otros de los mecanismos perversos del CSE rescatados por Yépez es la política de exclusión consistente en ubicar los centros de votación en grandes escuelas de las zonas urbanas, mientras que los habitantes de las barriadas populares y los centros rurales debían recorrer mayores distancias para ejercer su derecho al voto.

La Ley Orgánica de Procesos Electorales de 2009 le atribuyó al CNE la tarea imperativa de desconcentrar los centros electorales con alta densidad de población, a través de la creación de nuevos centros. De hecho, subraya Yépez, el CNE ha llevado a cabo un estudio cartográfico y geográfico con el Instituto Nacional de Estadística que le ha permitido levantar la información para llegar a todos los centros poblados del país.

Para las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre los electores contarán con 39.322 mesas electorales, pero durante los tiempos del CSE el número de mesas nunca pasó de las 8.000, indica Yépez.

Otro detalle es que la brecha entre los ciudadanos en edad para votar y quienes no se han inscrito en el Registro Electoral se redujo de 20,43% en el año 1998 a 3,5%, lo que implica que 97 de cada 100 venezolanos mayores de 18 años están incorporados al padrón electoral.

Prácticas del fraude

Hasta 1973, los electores empleaban un sobre blanco que contenía las tarjetas con los colores y logos de los partidos. El ciudadano elegía la tarjeta de su preferencia y la depositaba en el recipiente de votos, pero en el sobre permanecían las tarjetas restantes, las cuales debían ser presentadas ante autoridades partidistas. Tal práctica, apunta el ex rector Yépez, violentaba el carácter secreto del voto.

Cuando se cambia el sobre por el llamado “tarjetón”, surge la popular práctica “acta mata voto”. Los electores depositaban el tarjetón, con su voto marcado, en las llamadas urnas electorales, nombre que para Yépez es acertado pues se trataba de “urnas donde se enterraba la voluntad popular”. En vista de que las mesas carecían de testigos de los partidos minoritarios, el número final de votos dependía de los testigos de los partidos más grandes como AD y Copei, que manipulaban las actas de totalización.

“Los partidos minoritarios reclamaban que les habían robado votos, incluso metían recursos legales ante el propio CSE. Algunos terminaban en la Corte Suprema de Justicia sin ninguna decisión a favor, porque la maquinaria del partido que controlaba el Congreso de la República y el Poder Ejecutivo aplastaba esos reclamos”, explica Yépez.

Sostiene que “como el voto no era auditado, no existían mecanismos automatizados que permitieran darle mayor solidez, transparencia al voto; se podía producir ese tipo de afectación de la voluntad popular”.

Actualmente las máquinas de votación emiten entre 8 y 12 copias de las actas de totalización, indica Yépez. Además, las auditorías se realizan antes, durante y después del proceso de votación, y en ellas participan los partidos políticos, los acompañantes internacionales y profesores universitarios.

César Valenzuela AVN 22/08/2012 15:38
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