Caracas, 31 Ago. AVN (Yesenia Chapeta).- Las promesas electorales de la oposición con respecto a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en caso de llegar a la Asamblea Nacional (AN), se expresan en panfletos y discursos con términos como “propiedad pura y simple de la tierra” o “plan masivo de titularización de tierras”, sin ir más allá ni explicar directamente que esas propuestas derivarían en el renacimiento de dos fenómenos generadores de pobreza y explotación en los campos: el latifundio y la tercerización.

No por coincidencia, la eliminación de dichos mecanismos, el latifundio y la tercerización, es la piedra fundamental de las leyes que la actual AN (2006-2011) creó en torno al desarrollo agrario, así como lo ha hecho todo gobierno progresista en América Latina.

En el 2001, la Ley de Tierras declaró la batalla contra el latifundio (tenencia de grandes extensiones ociosas en pocas manos) y aunque ese instrumento aún no alcanzaba el impacto deseado, su aprobación fue uno de los detonantes del golpe de estado de abril de 2002.

Pese al espíritu de la referida Ley, la tercerización, que tiene lugar cuando el propietario de la tierra la alquila o negocia (sin venderla) a otra persona para que ésta la trabaje, continuó prevaleciendo en el campo venezolano como forma de explotación.

Frente a esa realidad, la AN redactó y aprobó una reforma de la Ley de Tierras, el 15 de junio de este año, en la que se declaran el latifundio y la tercerización como “sistemas contrarios a la justicia, la igualdad, al interés general y a la paz social en el campo (artículo 1)”.

Asimismo, la reforma explica en el artículo 14 que las principales beneficiarias de la adjudicación de tierras, a partir del régimen establecido en esta Ley, son las mujeres que trabajan el campo y tienen a su cargo la manutención familiar. Además, a estas trabajadoras rurales se les garantiza un subsidio especial alimentario pre y postnatal por parte del Instituto de Desarrollo Rural.

Propiedad colectiva: barrera contra el latifundio

“La oposición no critica abiertamente la eliminación del latifundio y la tercerización, ni mucho menos la iniciativa de brindar un subsidio maternal a las campesinas. Se verían muy mal al hacer eso. La derecha tomó la vía de la titularidad "pura y simple de la tierra" para atraer electores, pero al final del camino, eso es promover el latifundio, que sólo favorece a grupos como Fedecámaras y Fedenaga”.

La cita anterior corresponde al diputado y dirigente campesino Braulio Álvarez, miembro de la comisión de Desarrollo Económico de la AN, quien fue consultado sobre las “inconformidades” de los sectores antichavistas frente a la Ley de Tierras.

Lo que la derecha sí cuestiona explícitamente es que el Instituto Nacional de Tierras (Inti) adjudique gran parte de las tierras recuperadas a consejos comunales, comunas y grupos de pequeños productores, bajo la figura de propiedad social o colectiva. A partir de este hecho es que la oposición promete un “plan masivo de titularización”.

Ante el argumento presente en los discursos de aspirantes a la AN desde la plataforma opositora, Braulio Álvarez fue enfático:

“Así es. Pero lo que la gente debe tener claro es lo siguiente: el Estado ha invertido grandes esfuerzos para recuperar esas enormes extensiones de tierras ociosas, muchas de ellas apropiadas fraudulentamente por parte de familias muy adineradas. Supongamos que el Inti procediera entonces a otorgar títulos a particulares, en vez de hacerlo a un colectivo.

¿Qué pasaría? Que los poderosos de siempre comenzarían a adueñarse nuevamente de todas las tierras por la vía del dinero. Yo, hacendado, le compro este pedazo a un campesino, y luego otro pedazo a un segundo productor, y a otro y otro. Luego alquilo esas tierras, al mismo campesino si es posible, para justificar ante el Estado que no tengo tierras ociosas. Así volveríamos al latifundio y la tercerización. Todo el esfuerzo habría sido en vano. Volveríamos al punto donde comenzamos hace 10 años”, explicó Álvarez.

El 26 de septiembre de 2010 los venezolanos están llamados a elegir los 165 diputados que integrarán por cinco años el pleno de la AN.

La meta de los sectores políticos que compiten en esta contienda es lograr los dos tercios de los escaños para constituir la mayoría absoluta en la instancia legislativa.

Mediante la Ley de Tierras, entre otras orientadas a reformar la distribución de ese bien y la producción de alimentos, el Gobierno actual ha recuperado 3 millones de hectáreas desde el 2001, parte de las cuales fueron adjudicadas a más de 180 mil familias que habitaban los predios y no poseían derechos sobre ellos.

Los sectores más reaccionarios de la derecha venezolana han respondido con el asesinato de 270 dirigentes campesinos en todo el país, e incluso de un funcionario del Inti, Wiliam Prado, quien recibió cinco disparos en su propia oficina por parte de un sicario, el pasado 18 de agosto.