Caracas, 09 Sep. AVN .- Empresas del sector privado estafan a familias venezolanas al ofrecerles en venta conjuntos residenciales que luego no construyen o vehículos que nunca entregan, como presuntamente son los casos recientes del Grupo Eiffel y el Consorcio Mi Futuro C.A, de acuerdo con la denuncia que este miércoles realizó el coordinador de Clase Media Socialista, Carlos Hurtado.

La denuncia plantea que el Grupo Eiffel, perteneciente a Fernando Azpurua Capriles, ex presidente de la Cámara de Construcción Venezolana, estafó a más de 110 familias, cada una de las cuales pagó hace tres años hasta BsF 61.000 para adquirir apartamentos en la Urbanización Valle Chara, ubicada en Charallave del Tuy, estado Miranda, que nunca les fueron entregados.

El Consorcio Eiffel prometió a estas familias que en octubre del 2009 les entregaría los apartamentos y casas que compraron; sin embargo, un año después estas familias continúan viviendo en casa de algún familiar o alquilados.

La empresa privada Eiffel paralizó la construcción de las viviendas alegando que Hidrocapital y el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente les prohibió seguir adelante.

Un informe de Hidrocapital precisa que luego de realizar una inspección, el 26 de marzo de 2009, y verificar que las casas estaban siendo construidas en las cercanías de una tubería de Hidrocapital que actualmente mantiene un flujo de agua de 9.000 litros por segundo, notificaron la prohibición de realizar movimientos de tierra, pasos de maquinarias o vehículos y la edificación de cualquier obra o estrutura a menos de 100 metros a cada lado de la tubería.

Para construir un conjunto residencial en Venezuela es necesario que la constructora respectiva cuente con la aprobación de los ministerios del Ambiente, de la Vivienda y de Tierras; así como de las gobernaciones y alcaldías. Esto sin olvidar que la empresa antes de construir debe haber realizado una evaluación del terreno para comprobar que es estable.

No es la primera vez que el consorcio Eiffel, que ha llevado a cabo proyectos habitacionales como Terrazas de Guaicoco (en Filas de Mariche) y Las Haciendas (Colinas de Macaracuay), es denunciado porque sus obras presentan irregularidades.

En el portal Web http://www.consumid.org/quien/grupo-eiffel se encuentran varias denuncian contra la constructora; entre ellas, por demora en la entrega, mal servicio en el suministro de agua y cobro del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en junio de 2009 fue declarado ilegal por resolución del Ministerio del Poder Popular para Obras Públicas y Vivienda.

Cabe recordar que para ese entonces, cuando el diputado Dario Vivas llevó a la Asamblea Nacional un debate con la propuesta de eliminar el IPC, entre los primeros en protestar estuvo precisamente Fernando Azpurua, presidente para ese momento de la Cámara Venezolana de Construcción, quien aseguró que esa medida “podría afectar el presupuesto de los proyectos”.

El IPC es un mecanismo ilegal que utilizaban las constructoras para incrementar el precio de las viviendas.

Por su parte, el Consorcio Mi Futuro C.A. estafó presuntamente a 60 familias que pagaron la inicial de unos vehículos, que nunca le fueron entregados. Esta empresa tiene sede en todos los estados del país.

Otros antecedentes de estafa

No es la primera vez que una empresa privada estafa a los venezolanos. Entre otros casos recientes se encuentran los vinculados al Banco Federal, en particular el cometido con el conjunto residencial La Avileña, todos ellos imputados al hoy prófugo de la justicia Nelsón Mezerhane.

El banquero, actualmente residenciado en Miami, es el presunto responsable de la quiebra del Banco Federal, que desde octubre del año 2009 presentaba irregularidades y perjudicó a más de 270.000 ahorristas que confiaron su dinero a esta entidad financiera, así como a compradores de inmuebles financiados por el Federal, como los de las residencias "La Avileña".

Por estos hechos el Ministerio Publico (MP) le imputa a Mezerhane seis delitos: asociación para delinquir, aprovechamiento fraudulento de fondos públicos, aprobación indebida de créditos, apropiación y distracción de recursos financieros, difusión de información financiera falsa y ocultamiento de información en la declaración institucional, por lo que se solicitó su extradición, luego que se conociera que se encontraba en los Estados Unidos.

Con la fuga de Mezerhane, 800 familias que habían pagado la inicial por un apartamento en la zona residencial La Avileña, ubicada en el sector Maripérez en Caracas, vieron perdido su dinero. Esta situación sólo pudo solventarse por decisión del presidente de la República, Hugo Chávez, quien anunció que continuaría con la construcción y que les entregaría su vivienda.

En los últimos años sectores de la oposición se han encargado de realizar una campaña contra el Jefe de Estado, de quien aseguran que quiere acabar con la propiedad privada en el país. De hecho, este planteamiento ha sido una de sus principales banderas electorales en todas las oportunidades que se han medido contra el Gobierno Nacional.

Acciones como las anteriores, sin embargo, demuestran que quienes atentan contra la propiedad privada son no pocas veces los mismos empresarios, a través de la práctica de fraudes y estafas.

En reiteradas oportunidades el Jefe de Estado ha manifestado que garantiza y está dispuesto a proteger la propiedad privada, “siempre y cuando vaya en beneficio de la sociedad”, como expresó en su programa Aló, Presidente número 360, el 7 de junio de este año.

Para muchos de esos sectores de oposición, ha manifestado el Presidente, el interés por propiedad la privada no incluye la defensa de quienes en efecto pueden ver perdidas o en peligro sus posesiones personales por apetencias de los más poderosos. Por el contrario, se trata de un interés que busca devolver a unas pocas manos, de grupos privilegiados, las riquezas que deben ser de todos.

Se explican de esa manera las políticas de privatización que esos mismos sectores adelantaron en el pasado cuando fueron gobierno, mediante las cuales se traspasó a manos privadas una serie de empresas estratégicas, como la CANTV o la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), y servicios públicos como centros de salud. El empeño en ese sentido de la IV República llegó al extremo de plantear la privatización de las cárceles y aun de la educación, como llegó a proponer el entonces ministro de Educación Luis Cárdenas en 1997.