Caracas, 29 Dic. AVN .- “Que en paz descanse Carlos Andrés Pérez (CAP), pero que con él descanse en paz y se vaya para siempre de aquí, de nuestros espacios, la forma que él encarnó de hacer política, esa forma de hacer política atropellando los derechos de los pueblos y atropellando la dignidad de los pueblos”, fueron las palabras del presidente de la República, Hugo Chávez Frías, tras conocer el fallecimiento del ex mandatario venezolano, quien se caracterizó durante la Cuarta República por la transgresión de los derechos civiles y políticos de la población.

En los diversos cargos que encaró Pérez, tanto como Ministro de Interior en el gobierno de Rómulo Betancourt (1959-1963), director de la Dirección General de Policía (Digepol ) y como Presidente de la República (1974-79 / 1989-1993), se destacó por llevar a su máxima expresión las torturas, los bombardeos, masacres y desapariciones forzosas.

Roberto Hernández Montoya en su artículo "Elogio de Carlos Andrés Pérez", reconstruye su labor.

"Desde el comienzo de su carrera pública conocida, como Ministro del Interior, enfrentó esa mezcla de recreo con tragedia que fue la lucha armada, en el período presidencial de Rómulo Betancourt, su mentor y patrocinante. Pérez se empleó con todas las consecuencias de la situación trágica, arrastrando odios, muchos justificados por una violencia que es hoy una leyenda contemporánea olvidada. Pocas veces el país presenció aquella manera de conducir la represión. Los agentes de la Seguridad Nacional de Pérez Jiménez, dicen mis mayores, eran caballeros comparados con los digepoles (hoy disips), que llegaban sacando bebés de su cuna para despedazar colchones buscando metralletas castrocomunistas. Se lanzaba gente desde helicópteros en vuelo. Se instauró una crueldad creativa”.

Esta situación generó que en junio de 1963 recayera un voto de censura de la Cámara de Diputados del extinto Congreso de la República sobre el ministro Pérez por sus excesos en la lucha antiterrorista y antiguerrillera.

El libro Crónicas de una Implosión resalta que a pesar de que los familiares de las víctimas denunciaban los atropellos, el presidente Rómulo Betancourt decidió homenajearlo para “desagraviar” y enaltecer su labor. La respuesta de Pérez fue “estoy confundido y agradecido por este homenaje, pero lo agradezco”.

Durante su gestión como ministro y director de la Digepol se reportaron las torturas, muertes y desapariciones del dirigente del Partido Comunista de Venezuela, Alberto Lovera; José Gregorio Rodríguez, quien fue lanzado de un cuarto piso de un edificio para simular suicidio; Luis Pinto; Ricardo Navarro, entre otros.

En un reportaje publicado en el diario Ciudad Caracas el 28 de diciembre pasado, el abogado Antonio Molina catalogó el paso de CAP en la época de Betancourt como gris, representada por la persecución y los asesinatos a muchos venezolanos, y afirmó que “el tiraje completo de un periódico no alcanzaría para la lista de muertos y desaparecidos que dejó como ministro de Interior”.

Esta situación generó que durante la campaña presidencial de Pérez en 1973 su asesor, el norteamericano Joseph Napolitan le recomendara cambiar su imagen, debido a su “actuación represiva contra la guerrilla”, refleja en su página 27 el libro Cronología de una Implosión.

El Caracazo: otra muestra de la represión

Tras el anuncio del para entonces presidente Carlos Andrés Pérez de los ajustes macroeconómicos, conocidos popularmente como “paquete económico”, los días 27 y 28 de febrero de 1989 tuvo lugar en las ciudades más importantes del país un estallido masivo y sorpresivo en rechazo a las medidas.

En respuesta a estos hechos en la madrugada del 28 de febrero Pérez decidió ejecutar el Plan Ávila, el cual consiste en ordenar directamente a la Guardia Nacional y al Ejército acabar con cualquier revuelta, permitiéndoles el uso de armas de fuego, junto con esta medida también se estableció el toque de queda y la suspensión de las garantías constitucionales.

Esta medida tuvo un alto costo, las Fuerzas Armadas incurrieron en una represión excesiva que dejó según cifras oficiales 276 muertos y numerosos heridos, pero las organizaciones defensoras de los derechos humanos indicaron que el número oficial de víctimas no se correspondía con la realidad.

Sin embargo, estos números de víctimas quedaron desvirtuados por la posterior aparición de fosas comunes como La Peste, en el Cementerio General del Sur, donde aparecieron otros 68 cuerpos sin identificar, que estaban fuera de la lista oficial.

La ONG Comité de Familiares de las Víctimas (Cofavic) reportó que hubo un aproximado de 2.000 personas desaparecidas durante el 27 y 28 de febrero de 1989. Por tal motivo, en los días y meses posteriores al Caracazo se produjeron gran número manifestaciones en su contra. Sin embargo, 21 años después todavía no se conoce el número exacto de muertos, heridos y desaparecidos en esos día de febrero y marzo de ese año.

Un fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, 10 años después de la masacre al pueblo venezolano, ordenó al Estado venezolano indemnizar a los familiares de 45 personas asesinadas durante la revuelta social, todas representadas por Cofavic.

El Estado se comprometió a resarcir a las víctimas y aunque los hechos ocurrieron mucho antes de su mandato, el Gobierno del presidente Hugo Chávez, en el año 2006 a través de su Ministerio de Interior y Justicia, anunció mecanismos para indemnizar también a las víctimas que no tuvieron acceso a la Corte Interamericana.

A pesar de las desapariciones forzosas que ocurrieron durante las diferentes gestiones de Carlos Andrés Pérez, los sectores de la ultraderecha venezolana y gobiernos internacionales, como el de los Estados Unidos, insisten en bautizarlo como “el campeón de la democracia y de los derechos humanos”.